JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE:

SUP-JRC-551/2004

ACTOR:

PARTIDO POLÍTICO ESTATAL CONCIENCIA POPULAR

AUTORIDAD RESPONSABLE:

QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

MAGISTRADO PONENTE:

ELOY FUENTES CERDA

SECRETARIA:

AIDÉ MACEDO BARCEINAS

México, Distrito Federal, a doce de enero de dos mil cinco.

VISTOS para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-551/2004, promovido por el Partido Político Estatal Conciencia Popular, en contra del procedimiento y elección de Consejeros Ciudadanos, propietarios y suplentes, que integrarán el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, aprobado el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, mediante decreto 202 emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional de dicha entidad; y

R E S U L T A N D O:

1. El pasado siete de enero del año en curso, concluyeron su encargo los Consejeros Ciudadanos integrantes del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.

2. En atención a lo anterior, el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, la Quincuagésima Séptima Legislatura de dicha entidad, eligió a los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes que integrarían el mencionado Consejo, a través de la expedición del decreto 202, cuyo contenido es del tenor siguiente:

“…

DECRETO 202

LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, DECRETA LO SIGUIENTE:

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado; 57 fracción I, 58 y 59 de la Ley Electoral del Estado, se elige consejeros ciudadanos propietarios, y de entre éstos, al Presidente del Consejo Estatal Electoral, de conformidad también con lo establecido por el artículo 57 fracción XXXVI de la propia Constitución, a los ciudadanos

1. AGUILAR GALLEGOS RODOLFO JORGE

(PRESIDENTE)

2. RUIZ ELÍAS HÉCTOR

3. VILLARREAL VILLALPANDO JESÚS RICARDO

4. TORRE MEDINA MORA LIDYA

5. GÓMEZ MERCADO MARÍA DEL SOCORRO

6. ROBLEDO GÓMEZ COSME

7. DICKINSON GÓMEZ MARÍA ISABEL IRMA

8. BORJAS GARCÍA HUGO ALEJANDRO

9. ZUÑIGA DEL ÁNGEL PASCUAL

SEGUNDO. Que entre las propuestas de los diversos partidos políticos representados en el Honorable Congreso del Estado, se elige a las siguientes personas para ocupar los cargos de consejeros ciudadanos suplentes del Consejo Estatal Electoral, a los ciudadanos

1. AGUILAR CASTILLO JUAN JESÚS

2. LÓPEZ RAMÍREZ MANUEL

3. MARTÍNEZ VIVANCO EDUARDO

4. HERNÁNDEZ VIGGIANO MARIO

5. ROBLES ALVARADO EUGENIO

6. BÁEZ RAMOS CLAUDIA ELENA

7. BENDEK TORRES EDUARDO

8. NAVARRO GONZÁLEZ FERNANDO

TERCERO. Los ciudadanos nombrados durarán en su cargo hasta el 7 de enero del año 2009.

CUARTO. Notifíquese a las personas que se eligen y cuyos nombres se consignan en los artículos primero y segundo de este Decreto, sobre los nombramientos realizados por esta Soberanía, para ocupar los cargos de consejeros ciudadanos propietarios y suplentes, respectivamente, del Consejo Estatal Electoral del Estado, con el fin de que rindan la protesta de ley ante esta Asamblea Legislativa, conforme al mandato del artículo 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, y entrará en vigor a partir del día 8 de enero del año 2005.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

DADO en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día diecisiete de diciembre de dos mil cuatro.

Diputado Presidente: Rosendo Pazzi Pacheco, Diputado Primer Secretario: Mauricio Leyva Ortiz Diputado Segundo Secretario; Jesús Enedino Martínez García, (Rúbricas).

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

DADO en el Palacio de Gobierno, Sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil cuatro.

El Gobernador Constitucional del Estado

C.P. Marcelo de los Santos Fraga

(Rúbrica)

El Secretario General de Gobierno

Lic. Alfonso José Castillo Machuca

(Rúbrica)”

El mencionado decreto fue publicado el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

3. Inconforme con lo dicha determinación, mediante escrito presentado el veintisiete de diciembre del año próximo pasado, el Partido Político Estatal Conciencia Popular promovió juicio de revisión constitucional electoral, haciendo valer de su parte, los siguientes motivos de inconformidad:

“…

AGRAVIOS

AHORA BIEN, SE AFIRMA QUE EL PROCEDIMIENTO Y ELECCIÓN QUE LLEVÓ A CABO PARA NOMBRAR A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DE SAN LUIS POTOSÍ VIOLA LOS PRINCIPIOS SEÑALADOS EN EL PUNTO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE:

I.- EN PRIMER TÉRMINO, LA ELECCIÓN DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS QUE SE IMPUGNA NO SE AJUSTÓ AL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LAS NORMAS LOCALES, QUE SE SEÑALAN EN LOS ARTÍCULOS 31 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO Y EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ELECTORAL, YA QUE EL PRIMERO DE ÉSTOS SEÑALA QUE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL SE INTEGRARÁ CONFORME LO DISPONGA LA LEY RESPECTIVA Y SERÁ EL CONGRESO DEL ESTADO POR EL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEMBROS QUIEN DESIGNARÁ A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS QUE LO INTEGRAN Y DE ENTRE ELLOS NOMBRARÁ AL PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO Y POR SU PARTE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ELECTORAL DISPONE TEXTUALMENTE:

‘ARTÍCULO 59. LOS CONSEJEROS CIUDADANOS SE ELEGIRÁN DE LA SIGUIENTE FORMA:

I. EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO NOMBRARÁ UNA COMISIÓN ESPECIAL DE CINCO DIPUTADOS, LA QUE INTEGRARÁ UNA LISTA DE CANDIDATOS HASTA POR EL DOBLE DEL NÚMERO A ELEGIR DE ENTRE LAS PROPUESTAS DE LOS DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN EL CONGRESO. EN LA LISTA PROPUESTA, EL CONGRESO PROCURARÁ EN TODO CASO QUE SE ENCUENTREN REPRESENTADAS LAS DIFERENTES ZONAS DEL ESTADO;

II. DE LA LISTA PRESENTADA POR LA COMISIÓN ESPECIAL, EL CONGRESO EN PLENO ELEGIRÁ A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS POR EL VOTO DE POR LO MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS MIEMBROS PRESENTES;

III. SI REALIZADAS AL MENOS TRES RONDAS DE VOTACIÓN NO SE CUBRIERA LA TOTALIDAD DE CONSEJEROS A ELEGIR, LA COMISIÓN ESPECIAL DEBERÁ PRESENTAR UNA NUEVA LISTA HASTA POR EL DOBLE DE LOS CONSEJEROS FALTANTES, EN ESTE ÚLTIMO CASO SE SEGUIRÁ EL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LAS FRACCIONES ANTERIORES;

IV. PARA CUBRIR LAS AUSENCIAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS SERÁN ELECTOS OCHO CONSEJEROS DE LA LISTA ADICIONAL QUE PARA ESE EFECTO INTEGRE LA PROPIA COMISIÓN. EN ESTE CASO SE APLICARÁ LO DISPUESTO POR LAS FRACCIONES II Y III ANTERIORES. LAS AUSENCIAS SERÁN CUBIERTAS POR LOS SUPLENTES EN EL ORDEN QUE DETERMINE EL CONGRESO AL ELEGIRLOS, Y

V. LOS CONSEJEROS CIUDADANOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTES, DURARÁN EN SU ENCARGO CUATRO AÑOS PUDIENDO SER RATIFICADOS PARA EJERCER EL MISMO CARGO HASTA POR OTRO PERÍODO IGUAL, O SER PROPUESTOS PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.’

ASÍ PUES, COMO SE SEÑALÓ AL INICIO DEL PRESENTE CAPÍTULO, EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO NOMBRÓ UNA COMISIÓN ESPECIAL DE CINCO DIPUTADOS, PARA QUE INTEGRARA UNA LISTA DE CANDIDATOS HASTA POR EL DOBLE DEL NÚMERO A ELEGIR DE ENTRE LAS PROPUESTAS DE LOS DIVERSOS PARTIDOS POLÍTICOS REPRESENTADOS EN EL CONGRESO Y SE INICIÓ LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, RECIBIÉNDOSE MÁS DE CIEN PROPUESTAS DE CANDIDATOS A CONSEJEROS CIUDADANOS, SIN EMBARGO Y NO OBSTANTE TODAS ESTAS PROPUESTAS EXISTENTES, ESTA COMISIÓN ESPECIAL, CON FECHA DIECISIETE DEL PRESENTE MES DE DICIEMBRE, PROPUSO AL PLENO UNA LISTA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJEROS CIUDADANOS EN DONDE EXCLUSIVAMENTE SE PROPONÍA A NUEVE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y OCHO CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJEROS SUPLENTES, MISMA LISTA QUE SE APROBÓ POR EL PLENO DEL CONGRESO Y DE ENTRE ELLOS SE NOMBRÓ AL PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, SIN EMBARGO LA COMISIÓN ESPECIAL, ESTABA OBLIGADA A PRESENTAR AL PLENO DEL CONGRESO UNA LISTA DE CANDIDATOS HASTA POR EL DOBLE DEL NÚMERO A ELEGIR, ES DECIR DEBIÓ DE PRESENTAR HASTA DIECIOCHO CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJEROS PROPIETARIOS Y DIECISÉIS CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE CONSEJEROS SUPLENTES, PARA QUE ASÍ DE ÉSTA LISTA, LOS DIPUTADOS PUDIERAN ELEGIR A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y AL HABER PRESENTADO SÓLO UNA LISTA DE LOS QUE INTEGRARÍAN EL MISMO NÚMERO DE CARGOS A CONSEJEROS, SE VIOLA FLAGRANTEMENTE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY ELECTORAL, EL CUAL TIENE COMO INTENCIÓN QUE LOS DIPUTADOS PUEDAN ELEGIR EN FORMA INDIVIDUAL A LOS CONSEJEROS QUE SE PROPONGAN EN UNA LISTA QUE OFREZCA DIVERSAS OPCIONES Y NO QUE PROPONGA UNA FÓRMULA O LISTAS PREVIAMENTE DETERMINADAS, TODA VEZ QUE ANTE LA COMISIÓN ESPECIAL EXISTIERON MUCHAS Y DIVERSAS OPCIONES Y LO LÓGICO Y COHERENTE ERA QUE LA COMISIÓN DIERA LA OPCIÓN A LOS DIPUTADOS EN EL PLENO A TENER UNA VISIÓN INTEGRAL, OPORTUNA Y TÉCNICAMENTE CALIFICADA DE DIVERSAS PROPUESTAS, POR CUANTO QUE NO BASTABA HABER EMITIDO UNA LISTA CON SU OPINIÓN SOBRE AQUELLOS SUJETOS QUE SERÍAN LOS QUE OCUPARÍAN LOS CARGOS SINO, CON LOS QUE PODRÍAN SER MIEMBROS DEL CONSEJO ELECTORAL, PERO DANDO OPCIONES DE ELECCIÓN AL PLENO DEL CONGRESO Y AL NO HABERSE OFRECIDO ESTA OPCIÓN DE ELECCIÓN QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 59 FRACCIONES I Y II DE LA LEY ELECTORAL LOCAL, ÉSTO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, PORQUE EN TODO CASO, NO SE CUMPLIÓ CON LA FORMALIDAD LEGAL SEÑALADA PARA ESA ELECCIÓN CON LA CONSECUENTE INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE QUE SE IMPUGNA, ASIMISMO, DICHA CIRCUNSTANCIA TAMBIÉN AFECTA EL DERECHO QUE LA PROPIA NORMATIVA ELECTORAL ESTABLECE EN FAVOR DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARA PROPONER A CIUDADANOS QUE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS LEGALES, PUEDAN DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES PORQUE A ESTAS DIVERSAS PERSONAS QUE FUERON PROPUESTAS NO SE LES PERMITIÓ CONTENDER EN LA ELECCIÓN PARA SER CONSEJERO CIUDADANO QUE SE REALIZÓ POR LOS DIPUTADOS EN EL PLENO, YA QUE LA COMISIÓN LIMITÓ ‘LA ELECCIÓN’ A UNA FÓRMULA PREESTABLECIDA O LISTA DE SÓLO LOS QUE INTEGRARAN EL CONSEJO Y ENTONCES ¿DÓNDE QUEDÓ LA ELECCIÓN? SI LA COMISIÓN ESPECIAL NO PERMITIÓ NI DIO A CONOCER AL PLENO DEL CONGRESO ALGUNAS DIVERSAS OPCIONES O CANDIDATOS PROPUESTOS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEJANDO A LOS DIPUTADOS SIN LA POSIBILIDAD DE UNA VISIÓN MAS AMPLIA PARA PODER ELEGIR QUIZÁS UNA MEJOR OPCIÓN A LAS LISTADAS DE ELECCIÓN DE ENTRE LAS DIVERSAS Y PISOTEANDO DE FORMA TOTALMENTE ARBITRARIA LOS DERECHOS DE LAS OTRAS PROPUESTAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

II. POR OTRO LADO, AL IGUAL QUE LA ELECCIÓN DE TODOS LOS CONSEJEROS CIUDADANOS QUE INTEGRARAN EL CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA ELECCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE DE ESE MISMO ORGANISMO, TAMBIÉN ES VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS QUE EN MATERIA ELECTORAL DEBEN REGIR, YA QUE COMO SE SEÑALÓ EN EL MISMO ACTO EN QUE SE ELIGIÓ A LOS CONSEJEROS CIUDADANOS QUE INTEGRARAN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, TAMBIÉN SE ELIGIÓ DE ENTRE ELLOS AL PRESIDENTE DE DICHO ORGANISMO, SENDO ELECTO EL C. RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS, SIN EMBARGO, COMO SE SEÑALÓ EN EL PUNTO NÚMERO 1 DE ESTE APARTADO, EL SEÑOR RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS ES INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONCRETAMENTE ES SU PRESIDENTE, LO CUAL CONFORME A LA LEY ELECTORAL ES UN IMPEDIMENTO PARA SER CONSEJERO CIUDADANO EN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y RESPECTO AL PARTICULAR CABE MENCIONAR QUE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EN SUS ARTÍCULOS 53 Y 60 ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL AL SEÑALAR:

‘ARTÍCULO 53. A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS DE REPRESENTACIÓN PARTIDISTA, PARA SER MIEMBRO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN LA ENTIDAD SE REQUIERE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I. SER CIUDADANO POTOSINO EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES, CON DOMICILIO EN EL ESTADO SI SE TRATA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, EN EL DISTRITO RESPECTIVO EN EL CASO DE LAS COMISIONES DISTRITALES, Y EN EL MUNICIPIO, SEGÚN SE TRATE DE LOS COMITÉS MUNICIPALES O DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA. EN LOS CASOS EN QUE EN UN MISMO MUNICIPIO EXISTA MÁS DE UNA CABECERA DISTRITAL, SÓLO SERÁ EXIGIBLE QUE EL CIUDADANO EN CUESTIÓN TENGA SU DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE.

II. SABER LEER Y ESCRIBIR;

III. ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y CONTAR CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA;

IV. TENER UN MODO HONESTO DE VIVIR;

V. NO SER SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA CON MANDO SUPERIOR Y NO TENER CARGO DE DIRECCIÓN PARTIDISTA DE CUALQUIER JERARQUÍA, Y

VI. TRATÁNDOSE DE LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, HABER PARTICIPADO EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ELECTORAL IMPARTIDOS POR LOS ORGANISMOS ELECTORALES COMPETENTES.’

ADEMÁS DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES LOS CONSEJEROS ELECTORALES DEBERÁN LLENAR LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 60 DE LA PRESENTE LEY.

‘ARTÍCULO 60. ADEMÁS DE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN ARTÍCULO 53 DE ESTA LEY, LOS CONSEJEROS CIUDADANOS DEBERÁN REUNIR LOS SIGUIENTES:

I. NO DESEMPEÑAR NI HABER DESEMPEÑADO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, ESTATAL, MUNICIPAL O SU EQUIVALENTE DE UN PARTIDO POLÍTICO. SE DARÁ PREFERENCIA A QUIENES SEAN MANIFIESTAMENTE APARTIDISTAS;

II. NO PERTENECER AL ESTADO ECLESIÁSTICO, NI SER MINISTRO DE CULTO ALGUNO;

III. NO DESEMPEÑAR NI HABER DESEMPEÑADO NINGÚN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ELECCIÓN, NI SER SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA CON MANDO SUPERIOR EN LA FEDERACIÓN, ESTADO O MUNICIPIO. ASÍ COMO DE SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, Y

IV. TENER COMO MÍNIMO CUMPLIDOS TREINTA AÑOS DE EDAD EL DÍA DE SU DESIGNACIÓN, TRATÁNDOSE DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EN LO QUE CORRESPONDE A LAS COMISIONES DISTRITALES Y COMITÉS MUNICIPALES, DEBERÁN TENER, AL MENOS 25 AÑOS DE EDAD.’

ASÍ PUES, COMO OBSERVAMOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA CON MANDO SUPERIOR ESTÁN IMPEDIDOS PARA SER CONSEJEROS DEL CONSEJO ESTATAL, ELECTORAL EN SAN LUIS POTOSÍ Y A FIN DE DEMOSTRAR QUE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS) ES UN SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA CON MANDO SUPERIOR, CABE HACER ALGUNAS ASEVERACIONES:

SEGÚN EL ARTÍCULO 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, ESTABLECE LO QUE SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO Y SEÑALA:

‘SE ENTIENDE POR SERVIDORES PÚBLICOS: LOS REPRESENTANTES DE ELECCIÓN POPULAR, LOS MIEMBROS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEMÁS TRIBUNALES DEL ESTADO, LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y, EN GENERAL, TODA PERSONA QUE DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL O MUNICIPAL, INCLUYENDO SUS ENTIDADES; Y SERÁN RESPONSABLES DE LOS ACTOS U OMISIONES EN QUE INCURRAN EN EL DESEMPEÑO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES.’

ASÍ PUES AL SER INTEGRANTE (PRESIDENTE) DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS) ES UNA PERSONA QUE DESEMPEÑA UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN ESTATAL, POR LO QUE ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN SERVIDOR PÚBLICO Y PARA PRECISAR EL CONCEPTO O LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA HAY QUE REMITIRNOS AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE SEÑALA:

‘ARTÍCULO 10.- LA CATEGORÍA DE TRABAJADOR DE CONFIANZA DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS Y NO DE LA DESIGNACIÓN QUE SE DÉ AL PUESTO.

SON FUNCIONES DE CONFIANZA LAS DE DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN, CUANDO TENGAN CARÁCTER GENERAL, ASÍ COMO TODAS AQUELLAS QUE POR SU NATURALEZA SE DEFINAN COMO TALES EN LOS CATÁLOGOS O TABULADORES GENERALES DE PUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 9O. DE LA PRESENTE LEY.’

ASÍ PUES PARA SER CONSIDERADO DE CONFIANZA HAY QUE REMITIRNOS A LAS FUNCIONES QUE REALICE EL SERVIDOR PÚBLICO, EN ESTE CASO LAS FUNCIONES QUE TIENEN LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN LOS CUALES DEBERÁN SER DE DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN, CUANDO TENGAN CARÁCTER GENERAL, PARA LO CUAL DEBEREMOS REMITIRNOS A LA LEY DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE EN EL ARTÍCULO 43 SEÑALA LA FORMA DE LA INTEGRACIÓN DE ESA COMISIÓN Y EN SU ARTÍCULO 46 SEÑALA LAS ATRIBUCIONES DE LA MISMA COMISIÓN:

‘ARTÍCULO 43.- LA COMISIÓN ESTARÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE FORMA:

I. TRES COMISIONADOS, DE LOS CUALES UNO SERÁ SU PRESIDENTE, Y LOS DOS RESTANTES TENDRÁN EL CARÁCTER DE VOCALES, PUDIENDO SESIONAR CON LA PRESENCIA DE DOS DE SUS MIEMBROS SI ENTRE ELLOS SE ENCUENTRA EL PRESIDENTE QUIEN EN ESTE SUPUESTO, TENDRÁ VOTO DE CALIDAD.

EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DEBERÁ PRESENTAR AL CONGRESO DEL ESTADO, UNA LISTA DE HASTA EL TRIPLE DE LOS COMISIONADOS PARA SU ELECCIÓN. EN CASO DE FALTA DEFINITIVA DE ALGUNO DE SUS INTEGRANTES, SE SEGUIRÁ EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR LA VACANTE EN UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS;

II. UN SECRETARIO DE ACTAS, QUIEN DEBERÁ ACREDITAR CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN DERECHO, NOMBRADO POR LOS COMISIONADOS;

III. UN NOTIFICADOR, NOMBRADO POR LOS COMISIONADOS, Y

IV. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO NECESARIO PARA DESARROLLAR LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN, NOMBRADO POR LOS COMISIONADOS.’

‘ARTÍCULO 46.- LA COMISIÓN TENDRÁ LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES:

I. VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY;

II. CONOCER Y RESOLVER LOS RECURSOS QUE SE INTERPONGAN CONTRA LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DICTADOS POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS, CON RELACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN;

III. ESTABLECER PLAZOS PARA LA RENDICIÓN DE INFORMES Y REALIZAR DILIGENCIAS;

IV. LLEVAR A CABO, A PETICIÓN DE PARTE, INVESTIGACIONES EN RELACIÓN A QUEJAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY;

V. ORDENAR A LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN A LOS SOLICITANTES EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE LEY;

VI. TURNAR EL EXPEDIENTE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY;

VII. REALIZAR LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NECESARIOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ATRIBUCIONES;

VIII. ELABORAR Y PUBLICAR MANUALES, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PARA SOCIALIZAR Y AMPLIAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA MATERIA DE ESTA LEY;

IX. ELABORAR SU PROYECTO DE PRESUPUESTO ANUAL, EL CUAL SERÁ ENVIADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL PARA QUE LO INTEGRE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO;

X. DESIGNAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS A SU CARGO, Y

XI. EXPEDIR SU REGLAMENTO INTERIOR Y DEMÁS NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO.’

POR TODO LO ANTERIOR PODEMOS CONCLUIR QUE LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN CONFORME EL ARTÍCULO ANTERIORMENTE TRANSCRITO, TIENEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN, CON CARÁCTER GENERAL Y POR TANTO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 124 DE LA CONSTITUCIÓN Y 10 DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ YA TRANSCRITOS, ESTOS COMISIONADOS SON SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA CON MANDO SUPERIOR POR TANTO ESTOS COMISIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 53 FRACCIÓN V DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO ESTÁN IMPEDIDOS PARA SER CONSEJEROS CIUDADANOS POR LO TANTO, SI RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS ES COMISIONADO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ESTÁ IMPEDIDO PARA SER CONSEJERO CIUDADANO, YA QUE COMO LO DEMOSTRAMOS MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 147 SE DESIGNÓ COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DESDE EL VIERNES 02 DE JULIO DEL 2004 Y POR EL TÉRMINO DE CUATRO AÑOS AL C. RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN MENCIONADA Y CUALQUIER ELECCIÓN QUE SE HAGA PARA QUE RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS OCUPE UN PUESTO DE CONSEJERO EN EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL ES VIOLATORIA DE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CERTEZA E INDEPENDENCIA QUE EN TODO PROCESO ELECTORAL DEBE DE EXISTIR YA QUE SU DESIGNACIÓN SE ENCUENTRA EN FRANCA CONTRADICCIÓN A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO.

CABE MENCIONAR QUE EL C. RODOLFO JORGE AGUILAR GALLEGOS COMO INTEGRANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (PRESIDENTE) EN EL CASO DE DEJAR EL CARGO, LO SERÁ HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 56 FRACCIONES IX, XI Y XXVII, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

DICHAS DISPOSICIONES ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES DE TODO SERVIDOR PÚBLICO Y CONCRETAMENTE, EL DE ABSTENERSE DE EJERCER LAS FUNCIONES DE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DESPUÉS DE HABER CONCLUIDO EL PERIODO PARA EL CUAL SE LE DESIGNÓ Ó POR HABER CESADO EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, ASIMISMO DE ABSTENERSE DE DESEMPEÑAR ALGÚN OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN QUE LA LEY LO PROHÍBA Y EFECTUAR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN A SU CARGO CUANDO CESE EN EL DESEMPEÑO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

LA LEY DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., SEÑALA EN EL ARTÍCULO 30, QUE LA ENTREGA RECEPCIÓN SE HARÁ AL TOMAR POSESIÓN DEL CARGO EL SERVIDOR ENTRANTE.

DE TODO LO ANTERIOR, PODEMOS ESTABLECER CON CLARIDAD MERIDIANA, QUE EL CARGO DE SERVIDOR PÚBLICO DE QUIEN ADMINISTRA RECURSOS, TERMINA HASTA EL MOMENTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN Y ADEMÁS QUE QUEDA PROHIBIDO DESEMPEÑAR ALGÚN OTRO CARGO AUN CUANDO TERMINE EL MISMO, HASTA QUE NO REALICE LA ENTREGA AL SERVIDOR PÚBLICO NOMBRADO EN SU LUGAR.

POR ÚLTIMO EL PROPIO ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ ESTABLECE QUE LOS COMISIONADOS DURARÁN EN SU CARGO CUATRO AÑOS Y NO PODRÁN SER RETIRADOS DE SU ENCARGO SALVO POR CAUSA GRAVE QUE CALIFICARÁ EL CONGRESO DEL ESTADO Y EL CARGO ES INCOMPATIBLE CON CUALESQUIER OTRO EMPLEO O ACTIVIDAD A EXCEPCIÓN DE LA DOCENCIA. TAMBIÉN LA CONSTITUCIÓN PARTICULAR DEL ESTADO PROHÍBE LA DUALIDAD DE EMPLEOS.

CABE SEÑALAR QUE CIERTAMENTE EL C. RODOLFO DE JESÚS AGUILAR PRESENTÓ UNA RENUNCIA AL CONGRESO DEL ESTADO, MISMA QUE FUE ENVIADA A COMISIONES, PERO NUNCA SE CALIFICÓ SU CAUSA Y MENOS COMO GRAVE PARA QUE PUDIERA DESEMPEÑAR OTRO CARGO O EMPLEO A MAS DE QUE LA RESPONSABILIDAD LE DURA EN LOS TÉRMINOS INDICADOS ANTERIORMENTE HASTA LA ENTREGA RECEPCIÓN, POR LO QUE SIN DUDA PODEMOS CONCLUIR QUE EL C. RODOLFO DE JESÚS AGUILAR NO ERA ELEGIBLE.

AÚN MAS, TAN ESTÁ IMPEDIDO RODOLFO DE JESÚS AGUILAR GALLEGOS, QUE AL MOMENTO EN EL CUAL DEBE SER ELEGIBLE Y NO SER FUNCIONARIO PÚBLICO, ES PRECISAMENTE CUANDO LOS PARTIDOS POLÍTICOS ESTÁN PROPONIENDO CIUDADANOS PARA SER ELECTOS, POSIBLEMENTE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, NO SEÑALA CUANTO TIEMPO ANTES DEBE DEJAR DE SER FUNCIONARIO PÚBLICO POR LO QUE DEBEMOS ACUDIR A LAS LEYES SUPLETORIAS, COMO LO ES EL COFIPE Y SI TAMPOCO ESTA LEY LO PREVEE, ACUDIMOS A LOS PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO O A CASOS SIMILARES Y AHÍ VAMOS A ENCONTRAR ...QUE PARA CONTENDER PARA PUESTOS DE ELECCIÓN SE REQUIERE COMO MÍNIMO UN LAPSO DE TRES MESES ANTES DE LA ELECCIÓN. AÚN SI TUVIÉRAMOS PROBLEMAS EN LAS HIPÓTESIS SEÑALADAS ACUDIREMOS A LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA O SEA LO QUE EL LEGISLADOR QUISO PREVEER CON EL TÉRMINO DE CIUDADANOS COMO REQUISITO PARA INTEGRAR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y SIN DUDA EL CONCEPTO INDICADO VA ÍNTIMAMENTE LIGADO A LA DEFINICIÓN DEL QUE ESTÁ FUERA DE TODA RESPONSABILIDAD CON CARGO PÚBLICO O CON PARTIDO POLÍTICO, EN QUÉ MOMENTO, AL INICIO DEL PROCESO O PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

‘ARTÍCULO 2º. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTENDERÁ POR SERVIDORES PÚBLICOS:

I. LOS QUE DESEMPEÑEN UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN LA ENTIDAD;

II. LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE DESEMPEÑEN UNA LABOR, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL, INCLUYENDO SUS ENTIDADES;

III. LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL, ASÍ COMO LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE DESEMPEÑEN UNA LABOR, CARGO O COMISIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA;

IV. LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS QUE DESEMPEÑEN UNA LABOR, CARGO O COMISIÓN DE APOYO O DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA EN EL CONGRESO DEL ESTADO;

V. LOS MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y LABORAL, Y DEMÁS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LOS MISMOS;

VI. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Y

VII. EN GENERAL, TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE MANEJEN O APLIQUEN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, CON MOTIVO DE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, DEL ESTADO O MUNICIPIOS, O DE SUS ENTIDADES, NO ENUNCIADO EN LAS FRACCIONES ANTERIORES.’

‘ARTÍCULO 56. TODO SERVIDOR PÚBLICO TENDRÁ LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES, PARA SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE DEBEN SER OBSERVADAS EN EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, Y CUYO INCUMPLIMIENTO SERÁ CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, LA QUE DARÁ LUGAR AL PROCEDIMIENTO Y A LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN:

IX. ABSTENERSE DE EJERCER LAS FUNCIONES DE UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, DESPUÉS DE CONCLUIDO EL PERÍODO PARA EL CUAL SE LE DESIGNÓ O DE HABER CESADO, POR CUALQUIER OTRA CAUSA, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES:

XI. ABSTENERSE DE DESEMPEÑAR ALGÚN OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OFICIAL O PARTICULAR QUE LA LEY LE PROHÍBA:

XXIV. ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISIÓN QUE IMPUQUE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DISPOSICIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO PÚBLICO:

XXVII. EFECTUAR LA ENTREGA DE LA ADMINISTRACIÓN A SU CARGO, DEPENDENCIA. DEPARTAMENTO O ENTIDAD. CUANDO CONCLUYA SU ENCARGO O CESE EN EL DESEMPEÑO DEL MISMO POR CUALQUIER CAUSA, O CUANDO SU SUPERIOR JERÁRQUICO ASÍ LO SEÑALE, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ;’

LEY DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

‘ARTÍCULO 45. LOS COMISIONADOS DURARÁN EN SU ENCARGO UN PERÍODO DE CUATRO AÑOS Y NO SERÁN REELEGIBLES. LOS COMISIONADOS NO PODRÁN SER RETIRADOS DE SUS ENCARGOS DURANTE EL PERÍODO PARA EL QUE FUERON NOMBRADOS, SALVO POR CAUSA GRAVE QUE CALIFICARÁ EL CONGRESO DEL ESTADO. ESTE CARGO ES INCOMPATIBLE CON CUALQUIER OTRO EMPLEO O ACTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO, SALVO LA DOCENCIA Y LAS TAREAS ACADÉMICAS.

EL PRESIDENTE SERÁ NOMBRADO POR SUS PARES POR UN PERÍODO DE UN AÑO, PUDIENDO SER REELECTO.’

LEY DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

‘ARTÍCULO 10.- LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO FIJAR LAS NORMAS PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE QUE, SUS TITULARES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS HASTA EL NIVEL DE DIRECTOR DE ÁREA; O SU EQUIVALENTE EN EL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, RINDAN AL SEPARARSE DE SUS CARGOS UN INFORME DE LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y ENTREGUEN FORMALMENTE EL DETALLE DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES QUE TENGAN ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES A QUIENES LOS SUSTITUYAN LEGALMENTE EN SUS FUNCIONES.’

‘ARTÍCULO 30.- EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DEBERÁ REALIZARSE:

I.- AL TÉRMINO E INICIO DE UN EJERCICIO CONSTITUCIONAL;

II- CUANDO POR CAUSAS DISTINTAS AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, DEBAN SEPARARSE DE SU CARGO LOS SERVIDORES PÚBLICOS A QUIENES OBLIGA ESTE ORDENAMIENTO. EN ESTE CASO, LA ENTREGA-RECEPCIÓN SE HARÁ AL TOMAR POSESIÓN DEL CARGO EL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE, PREVIA PROTESTA QUE DEBERÁ RENDIR EN TÉRMINOS DE LEY. SI NO EXISTE NOMBRAMIENTO Ó DESIGNACIÓN INMEDIATA DE QUIEN DEBA SUSTITUIR AL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, LA ENTREGA-RECEPCIÓN SE HARÁ AL SERVIDOR PÚBLICO QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO EL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MISMO.

EN CASO DE CESE, DESPIDO, DESTITUCIÓN O LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO EN LOS TÉRMINOS DE SU LEY ORGÁNICA, EL SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE, NO QUEDARÁ RELEVADO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LA PRESENTE LEY, NI DE LAS RESPONSABILIDADES EN QUE PUDIESE HABER INCURRIDO CON MOTIVO DEL DESEMPEÑO DE SU CARGO.’

‘ARTÍCULO 40.- LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO, ES UN PROCESO DE INTERÉS PÚBLICO, DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO Y FORMAL, QUE DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITO, MEDIANTE ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DESCRIBA EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN, DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE Y QUE DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE LEY Y POR LOS MANUALES DE NORMATIVIDAD QUE FIJEN LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, EN EL ÁMBITO DEL PODER LEGISLATIVO, MUNICIPIOS DEL ESTADO Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES: LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA ESFERA DEL PROPIO GOBIERNO DEL ESTADO Y ENTIDADES PARAESTATALES; Y LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL EN EL ÁREA DE APLICACIÓN DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.’

‘ARTÍCULO 60.- LOS TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO Y MUNICIPIOS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPEN CARGOS HASTA EL NIVEL DE DIRECTOR DE ÁREA O SU EQUIVALENTE EN EL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ESTÁN OBLIGADOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY A ENTREGAR AL SERVIDOR PÚBLICO ENTRANTE UN INFORME DE SU GESTIÓN Y MEDIANTE ACTA ADMINISTRATIVA, LOS ASUNTOS Y RECURSOS A SU CARGO, DEBIENDO REMITIRSE PARA HACERLO, AL MANUAL DE NORMATIVIDAD Y PROCEDIMIENTO QUE RIJA LA MATERIA, PARA LA DEPENDENCIA O DEPARTAMENTO DE QUE SE TRATE.’

‘DIRECTOR GENERAL DE INSTITUTO ELECTORAL. INCOMPATIBILIDAD PARA OCUPAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN OFICIAL O PARTICULAR DURANTE SU DESEMPEÑO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (SE TRANSCRIBE).

PRUEBAS

EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE ESTA SALA SUPERIOR, SE RECIBIÓ OFICIO SIN NÚMERO, POR EL CUAL EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, ENTRE OTROS DOCUMENTOS, REMITIÓ: A) EL ESCRITO DE DEMANDA DE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL SIGNADO POR EL REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; B) COPIA CERTIFICADA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES, GOBERNACIÓN Y ASUNTOS ELECTORALES QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RATIFICA PARA UN PERÍODO ORDINARIO ELECTORAL MÁS EN EL CARGO DE CONSEJEROS CIUDADANOS Y AL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN A LAS PERSONAS YA MENCIONADAS EN EL RESULTANDO PRIMERO; C) COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA QUINCUAGÉSIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN, DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO; D) EJEMPLAR DEL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL;

PROCEDENCIA

‘AUTORIDAD RESPONSABLE. TIENE TAL CARÁCTER AQUÉLLA QUE EN EJERCICIO DE UNA ATRIBUCIÓN PREVISTA EN LA LEY, DESIGNA A LOS INTEGRANTES DE UN ÓRGANO ELECTORAL LOCAL, DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL.’ TANTO LA JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO LA DOCTRINA, RECONOCEN QUE LOS PODERES PÚBLICOS REALIZAN ACTOS QUE PUEDEN SER CONSIDERADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL Y MATERIAL. EL PRIMERO, -EL FORMAL-, ATIENDE A LA NATURALEZA PROPIA DEL ÓRGANO QUE EMITE EL ACTO; EN TANTO QUE, EL SEGUNDO, -EL MATERIAL-, A LA NATURALEZA INTRÍNSECA DEL PROPIO ACTO, A EFECTO DE CONSIDERARLO ADMINISTRATIVO, LEGISLATIVO O JURISDICCIONAL. POR TALES RAZONES, EL NOMBRAMIENTO DE LOS INTEGRANTES DE UN ÓRGANO COMPETENTE PARA ORGANIZAR O CALIFICAR LOS COMICIOS EN UNA DETERMINADA ENTIDAD FEDERATIVA, CONSTITUYE UN ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO ELECTORAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE EJERCE UNA ATRIBUCIÓN PREVISTA EN UNA LEY, POR LO QUE, CON INDEPENDENCIA DE LA NATURALEZA DEL ÓRGANO EMISOR DE TAL ACTO, EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DE ÉSTE, DEBE SER CONSIDERADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, Y COMO CONSECUENCIA, ESE ACTO ES SUSCEPTIBLE DE SER OBJETO DE CONOCIMIENTO DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 99, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 184, 186, FRACCIÓN III, INCISO B) Y 189, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ASÍ COMO EL 4O. Y 87 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

TERCERA ÉPOCA:

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SUP-JRC-391/2000. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 12 DE OCTUBRE DE 2000.- UNANIMIDAD DE VOTOS.

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SUP-JRC-424/2000 Y ACUMULADO.-PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.- 26 DE OCTUBRE DE 2000.- UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS.

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. SUP-JDC-221/2000.- JESÚS EFRÉN SANTANA FRAGA.- 11 DE DICIEMBRE DE 2000.-UNANIMIDAD DE VOTOS.

REVISTA JUSTICIA ELECTORAL 2002, SUPLEMENTO 5, PÁGINAS 7-8, SALA SUPERIOR, TESIS S3ELJ 03/2001.

COMPILACIÓN OFICIAL DE JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES 1997-2002, PÁGINAS 21-22

CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, EXCLUSIVAMENTE RESPECTO DEL ACTO IMPUGNADO EN EL PRESENTE MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE MATERIALMENTE CONSTITUYE UN ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE EJERCE UNA ATRIBUCIÓN PREVISTA PREVIAMENTE EN UNA LEY, PARA DESIGNAR, O BIEN, RATIFICAR A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO, ES AUTORIDAD ELECTORAL RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y, COMO CONSECUENCIA DE ELLO, EL ACTO QUE IMPUGNA EL AHORA ACTOR ES SUSCEPTIBLE DE SER OBJETO DE CONOCIMIENTO DE ESTA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 99, PÁRRAFO CUARTO, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 186, FRACCIÓN III, INCISO B), Y 189, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO 4 Y 87 DE LA LEY ADJETIVA FEDERAL.

NO EXISTE EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL, NI EN EL CÓDIGO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, ALGUNA INSTANCIA O MEDIO DE DEFENSA A LOS QUE EL AHORA ACTOR HUBIESE PODIDO ACUDIR PARA INCONFORMARSE CON TAL ACTO, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE EL DECRETO QUE HOY SE COMBATE DEVIENE EN UN ACTO DEFINITIVO Y FIRME CONTRA EL CUAL NO EXISTE MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA EN EL ÁMBITO LOCAL, POR LO QUE SE SURTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO QUE AHORA SE RESUELVE, SEGÚN DERIVA DEL ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN EL CUAL SE PREVÉN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN, APELACIÓN, INCONFORMIDAD Y RECONSIDERACIÓN, SIN QUE DENTRO DE LOS MISMOS FIGURE ALGUNO POR EL QUE SE PUEDA CONSIDERAR QUE EL AHORA PROMOVENTE ANTES DE ACUDIR A ESTA INSTANCIA DEBÍA AGOTAR ALGUNO DE DICHOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL LOCALES. NO EXISTE EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL, NI EN EL CÓDIGO ELECTORAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, ALGUNA INSTANCIA O MEDIO DE DEFENSA A LOS QUE EL AHORA ACTOR HUBIESE PODIDO ACUDIR PARA INCONFORMARSE CON TAL ACTO, POR LO QUE SE CONCLUYE QUE EL DECRETO QUE HOY SE COMBATE DEVIENE EN UN ACTO DEFINITIVO Y FIRME CONTRA EL CUAL NO EXISTE MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA EN EL ÁMBITO LOCAL, POR LO QUE SE SURTE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO QUE AHORA SE RESUELVE, SEGÚN DERIVA DEL ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN EL CUAL SE PREVÉN LOS SUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN, APELACIÓN, INCONFORMIDAD Y RECONSIDERACIÓN, SIN QUE DENTRO DE LOS MISMOS FIGURE ALGUNO POR EL QUE SE PUEDA CONSIDERAR QUE EL AHORA PROMOVENTE ANTES DE ACUDIR A ESTA INSTANCIA DEBÍA AGOTAR ALGUNO DE DICHOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ELECTORAL LOCALES.

POR ULTIMO CABE SEÑALAR QUE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO NO PREVEE UN MEDIO DE DEFENSA, YA QUE ESTOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2°, 191 FRACCIÓN VI, LOS RECURSOS SOLO PROCEDEN EN CONTRA DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES, ENTRE LOS CUALES NO SE ENCUENTRA EL CONGRESO DEL ESTADO, POR LO QUE EL MEDIO DE DEFENSA ES PRECISAMENTE EL QUE ESTAMOS PROMOVIENDO.

SI DE ORIGEN ES INCONSTITUCIONAL EL ACTO DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON MAYOR RAZÓN LOS ACTOS QUE SE RECLAMAN AL GOBERNADOR DEL ESTADO Y AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR SER CONSECUENCIA LEGAL.

4. Por escrito presentado ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, el treinta de diciembre del mismo mes y año, compareció en el presente juicio, Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, solicitando se le reconociera el carácter de tercero interesado, alegando lo que a su derecho estimó conveniente.

5. Recibidas que fueron por esta Sala Superior las constancias respectivas, por acuerdo de fecha treinta y uno de diciembre siguiente, se turnó el expediente de mérito a la ponencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda, para efectos de los artículos 19 y 92, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6. Mediante proveído de once de enero del año que transcurre, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda presentada y una vez agotada la instrucción, declaró cerrada ésta, quedando los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes

C O N S I D E R A N D O S :

I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo base IV y 99 párrafo cuarto fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186 fracción III inciso b) y 189 fracción I inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el mismo es promovido por un partido político, en contra de un acto emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de San Luis Potosí, quien actuó materialmente como órgano electoral, al llevar a cabo la designación de los integrantes del órgano competente para organizar los comicios locales, en la señalada entidad, según se preceptúa en el artículo 59 de la Ley Electoral Local.

Lo anterior implica, que la actuación del Pleno del Congreso local, es un acto materialmente administrativo de carácter electoral regulado por disposiciones de una ley electoral, como se razona a continuación.

La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación así como la doctrina, reconocen que los poderes públicos realizan actos que pueden ser considerados, desde el punto de vista formal y material. El primero atiende a la naturaleza propia del órgano que emite el acto; en tanto que el segundo, atiende a la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional.

En la especie, el acto impugnado resulta ser formalmente legislativo, en virtud de haber sido emitido por el Pleno del Congreso del Estado de San Luis Potosí, sin embargo, lo cierto es que se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual se ejerció una atribución prevista en una ley electoral.

En efecto, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, para efectos del presente juicio de revisión constitucional electoral, ejerció una atribución prevista en una ley electoral local, que lo faculta para designar a los integrantes del Consejo Estatal Electoral, por lo que se le considera como autoridad electoral responsable y en consecuencia, el acto que se le atribuye es susceptible de ser objeto de conocimiento de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los numerales invocados con antelación.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por esta Sala Superior en la jurisprudencia visible a fojas 10 y 11 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".

II. Previo al examen del fondo de la controversia planteada en el presente juicio, esta Sala Superior debe atender al análisis de las causales de improcedencia que hace valer la autoridad responsable, pues de actualizarse alguna de ellas, resultaría innecesario el estudio de los motivos de inconformidad planteados por el actor, al generar el desechamiento de plano del medio impugnativo.

La autoridad responsable aduce que el accionante incumple con el requisito previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que no presentó la demanda del juicio que nos ocupa dentro de los cuatro días siguientes a aquél en que tuvo conocimiento del acto combatido; basando su dicho en que Oscar Carlos Vera Fabregat - quien se ostenta como Presidente del Comité Directivo Estatal del partido actor - tiene el carácter de Diputado de la LVII Legislatura en el Estado de San Luis Potosí, por lo que, afirma, tuvo conocimiento del procedimiento y elección que se llevó a cabo para nombrar a los consejeros ciudadanos integrantes del Consejo Estatal Electoral, con anterioridad a la publicación de su resultado en el Decreto número 202, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, motivo por el cual, en su concepto, este medio de defensa federal deviene en extemporáneo.

La anterior causa de improcedencia resulta infundada, puesto que ha sido criterio de esta Sala Superior, que si bien los congresos locales pueden emitir actos materialmente electorales y por tanto impugnables, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; para efectos del inicio del plazo impugnativo previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tratándose de la denominada notificación automática del acto o resolución que se combate para el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la citada ley, no puede aplicarse a los diputados de una legislatura, pues tal supuesto exige que se tenga plenamente acreditado el carácter de representante del partido político correspondiente, lo cual no es factible, toda vez que los diputados que integran el Poder Legislativo de una entidad federativa son representantes populares en términos del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y si bien podrían considerarse como representantes políticos del partido que los postuló, este carácter de manera alguna implica que ostenten una representación legal del partido por el que resultaron electos o asignados, en el que se encuentren afiliados o del que sean simpatizantes. Además, porque la notificación automática a que se refiere el artículo 30 de la ley mencionada sólo opera tratándose de actos emanados de órganos formal y materialmente electorales, ante los cuales los partidos políticos sí tienen representantes legales, pero de ninguna manera puede considerarse que dicha notificación pueda darse en relación con actos provenientes de un Congreso local.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia, visible a foja 23 del Suplemento 7 de la Revista Justicia Electoral, cuyo rubro es “NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. NO OPERA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR LA PRESENCIA DE SUS DIPUTADOS EN SESIONES DEL CONGRESO”.

De otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Reglamento Interior del Congreso de San Luis Potosí, las leyes, decretos, acuerdos administrativos o económicos y reglamentos, sólo serán de cumplimiento obligatorio y surtirán efectos legales después de que sean publicados en el Periódico Oficial; por tanto, debe considerarse que si el decreto reclamado en el presente medio de defensa, fue publicado el veintiuno de diciembre de dos mil cuatro, dicha publicación surtió sus efectos a partir del día siguiente, es decir, el veintidós del mismo mes y año, por ser el primer día después de la publicación de mérito.

En términos de los dispuesto en el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable; en la especie, en la computación del plazo legal para la presentación de este juicio de revisión constitucional, deben tomarse en cuenta los días veintitrés, veinticuatro, veintisiete y veintiocho de diciembre del año próximo pasado, toda vez que como en la mencionada entidad, actualmente no se desarrolla proceso electoral alguno, los días sábado veinticinco y domingo veintiséis del mes y año en mención, no son susceptibles de considerarse por ser inhábiles, de conformidad el artículo 7, párrafo 2, de la Ley adjetiva electoral, en mención.

Consecuentemente, al haber sido presentada la demanda de mérito, ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, el veintisiete de diciembre de dos mil cuatro, como consta del sello de recepcional que obra a fojas doce del cuaderno principal, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que el juicio que nos ocupa, fue promovido dentro del plazo legal.

Una vez desestimada la causa de improcedencia hecha valer, procede el examen del fondo de la controversia planteada.

III. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos en los artículos 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se razona.

Legitimación y personería. El juicio de revisión constitucional electoral se encuentra promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos.

En la especie, de constancias de autos se desprende que la parte enjuiciante tiene el carácter de partido político estatal, de ahí que resulte manifiesta la legitimación del instituto político actor en términos del precepto legal antes citado.

La personería de Oscar Carlos Vera Fabregat, quien se ostenta como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Político Estatal, Conciencia Popular, se tiene por acreditada en términos del artículo 88, párrafo 1, inciso d), del ordenamiento invocado, con la copia certificada del testimonio notarial número ochenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco, pasado ante la fe del notario público número uno del Primer Distrito Judicial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en el que consta el nombramiento del suscriptor de la demanda, como Presidente del instituto político actor, que en términos del artículo 25 de sus estatutos, tiene facultades de representación.

Por cuanto hace a Jorge Alejandro Vera Noyola, quien se ostenta como representante del partido político actor, ante el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, deviene innecesario el examen de su personería, toda vez que ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional que cuando dos o más promoventes ostenten la representación de un mismo partido en un solo escrito, basta que uno de ellos la acredite para que se colme el requisito de procedencia en análisis.

Sirve de sustento a lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional, visible a fojas 110 y 111 de la “Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, cuyo rubro es: “PERSONERÍA. CUANDO EXISTE PLURALIDAD DE PROMOVENTES EN UN MISMO ESCRITO, ES SUFICIENTE QUE UNO SOLO LA ACREDITE PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUISITO.”

Que se trate de actos definitivos y firmes, y que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas en las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado. El requisito estudio, en concepto de este órgano jurisdiccional se encuentra satisfecho, toda vez que de acuerdo a la legislación electoral del Estado de San Luis Potosí, el decreto que se combate no admite en su contra ningún otro medio ordinario de impugnación local, y tampoco existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad para revisar oficiosamente, y en su caso revocar, modificar o nulificar el acto impugnado.

Que se viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta exigencia se satisface en virtud de que para admitir a trámite el juicio que nos ocupa, no se requiere la demostración fehaciente de la violación a una norma constitucional, pues este requisito debe entenderse dentro de un contexto meramente formal, consistente en que en el juicio de revisión constitucional electoral se hagan valer agravios en los que se expongan argumentos encaminados a evidenciar la conculcación de algún precepto constitucional.

En la especie, el instituto político actor aduce la violación a los artículos 14, 16, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el presupuesto que se examina.

Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de la elección. En el presente caso, se actualiza la exigencia en comento, en tanto que, de acogerse la pretensión de los actores y revocarse el decreto impugnado, esta Sala Superior dejaría sin efectos la designación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral que en términos del artículo 55 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, así como vigilar los procesos electorales, estatales y municipales, por lo que, en el caso de estar integrado en forma irregular, como lo aduce el promovente, se puede concluir válidamente que su indebida integración, sería determinante para el desarrollo del proceso electoral de mérito.

Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, así como que sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos. Esta Sala Superior considera que la satisfacción de este requisito, se refiere exclusivamente a la instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios que sean producto de elecciones populares; es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas, y no de la designación de consejeros ciudadanos que integran el Consejo Estatal Electoral del Estado de San Luis Potosí, como acontece en la especie, por lo que no se estima exigible el cumplimiento del mismo.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 51/2002, emitida por este órgano jurisdiccional, consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, a fojas 214 y 215, cuyo rubro es el siguiente: "REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS POPULARMENTE.”

Al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, debe examinarse el fondo de la cuestión planteada.

IV. El accionante hace valer en su primer motivo de inconformidad, que el procedimiento llevado a cabo para la elección de los consejeros ciudadanos que integrarán el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, durante el periodo comprendido del ocho de enero de dos mil cinco al siete de enero de dos mil nueve, se realizó en contravención a los principios rectores del proceso electoral, así como a lo dispuesto en la Constitución Política y en el Código electoral, ambos de dicha entidad federativa.

Sostiene el actor que conforme a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 59 de la Ley Estatal Electoral, la comisión especial integrada por el Congreso Estatal, tenía la obligación expresa de presentar al Pleno del Congreso, una lista de ciudadanos aspirantes hasta por el doble del número a elegir, es decir, dieciocho para ocupar el cargo de consejeros propietarios y dieciséis para ocupar el de consejeros suplentes, siendo que en la especie, dicha comisión presentó sólo una lista de los que integrarían el mismo número de cargos a consejeros por asignar, lo que impidió al pleno del Congreso tener un mayor número de propuestas por parte de los partidos políticos, a fin de que estuvieran en posibilidad de elegir entre varias opciones.

Los argumentos anteriores resultan infundados.

El artículo 59 de la mencionada ley, en lo que interesa dispone:

“...

Los consejeros ciudadanos se elegirán de la siguiente forma:

I. El pleno del Congreso del Estado nombrará una comisión especial de cinco diputados, la que integrará una lista de candidatos hasta por el doble del número a elegir de entre las propuestas de los diversos partidos políticos representados en el Congreso. En la lista propuesta, el Congreso procurará en todo caso que se encuentren representadas las diferentes zonas del Estado;

II. De la lista presentada por la comisión especial, el Congreso en pleno elegirá a los consejeros ciudadanos por el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus miembros presentes.

III. Si realizadas al menos tres rondas de votación no se cubriera la totalidad de consejeros a elegir, la comisión especial deberá presentar una nueva lista hasta por el doble de los consejeros faltantes. En este último caso se seguirá el procedimiento señalado en las fracciones anteriores;

..”

De las disposiciones antes citadas, se desprende lo siguiente:

a) Que los consejeros ciudadanos serán designados por el pleno del Congreso del Estado, quien nombrará una comisión especial integrada por cinco diputados, para que integren una lista de aspirantes a ocupar dichos cargos, de hasta el doble del número a elegir de entre las propuestas de los diversos institutos políticos con representación en el órgano legislativo.

b) Que de la lista propuesta, el Congreso procurará que los aspirantes representen a todas las zonas del Estado.

c) Que de la lista que presente la comisión especial, el pleno del Congreso puede elegir a los consejeros ciudadanos por el voto de por lo menos, las dos terceras partes de sus miembros presentes.

d) Que si después de al menos tres rondas de votación, no se cubriera la totalidad de consejeros a elegir, la comisión especial deberá presentar una nueva lista hasta por el doble de los consejeros faltantes.

Con base en lo anterior, es posible desprender que el señalado artículo en la fracción I, establece el número máximo de aspirantes a Consejeros Ciudadanos con los que se puede integrar la lista propuesta, los cuales serán nombrados por una comisión de cinco diputados que para tal efecto se reúna, si se considera que la locución “hasta” empleada en la redacción del numeral en estudio, según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, significa:

“... Hasta, (del ár. Hatta) prep. Que sirve para expresar el término de tiempo, lugares, acciones o cantidades. 2 Se usa como conjunción copulativa, con valor incluyente, combinada con cuando o con un gerundio: Canta HASTA CUANDO come. Hasta ahora, hasta después, hasta luego, hasta más ver o hasta la vista, exprs. que se emplean como saludo para despedirse de una persona a quien se espera volver a ver pronto o en el mismo día, hasta no más. Loc. Adv. que se usa para significar gran exceso o demasía de alguna cosa. Hasta nunca, expr. que expresa el enfado o la irritación de quien se despide de otra persona a la que no se quiere volver a ver. Hasta que o hasta tanto que, expr. que indica el límite o término de la acción del verbo principal, Correré HASTA QUE me canse...”

Como se puede observar, lo que el legislador local establece con la palabra “hasta”, es un límite o tope al número de integrantes de dicha lista, por lo que resulta evidente en el presente caso, que a esa locución le corresponde el primer significado a que se ha hecho referencia, esto es, como preposición que sirve para expresar el término de tiempo, lugares, acciones o cantidades; en lo que al caso atañe, el término o límite de una cantidad, ya que a continuación de la palabra “hasta” sigue la expresión “por el doble”, estableciendo la norma transcrita un tope o límite máximo de postulantes a consejeros ciudadanos que pueden proponerse para integrar el Consejo Estatal Electoral, lo que excluye toda posibilidad de que a la palabra “hasta” se le pueda asignar algún otro significado porque en el caso, no se encuentra acompañado, por ejemplo, con la palabra “cuando”, con un gerundio o con un “que”, para considerar que se utiliza como conjunción copulativa, con valor incluyente o excluyente.

Por lo anterior, es dable concluir, que la norma en cita se concreta a establecer un límite de propuestas de personas para ser nombradas consejeros ciudadanos, pero no constriñe al Congreso a postular de manera irrestricta, el número máximo de aspirantes que pueden ser tomados en cuenta para llevar a cabo el procedimiento de designación de mérito; menos aún se exige tomar necesariamente en consideración el doble de aquellos como lo sostiene el partido político actor.

De ahí que, contrariamente a lo afirmado por el accionante, el procedimiento cuestionado no determina la obligación a cargo de la comisión especial de diputados, relativa a agotar el límite de candidatos para incorporarlos en la lista de mérito, pues como se ha evidenciado, el que haya presentado una relación donde propuso un número de candidato menor al límite establecido, no infringe la norma legal apuntada.

Así, si en el caso la lista presentada por la comisión respectiva, estuvo integrada por los nombres de nueve ciudadanos propuestos para ocupar el cargo de consejero ciudadano propietario del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, ello no contraviene la disposición en cita, en tanto que no obliga ineludiblemente a contar con el doble de los puestos a designar sino sólo refiere a un límite máximo pero no indispensable de propuestas para conformar la misma.

También es de desestimarse el argumento consistente en que la integración de lista propuesta por dicha comisión, haya impedido al pleno del Congreso elegir de entre mayores opciones, a los consejeros de que se trata, dado que como se advierte de la fracción III del numeral 59 citado, existe la posibilidad de rechazar a los candidatos propuestos, originando que después de al menos tres rondas de votación, la comisión especial deba presentar una nueva lista hasta por el doble de los consejeros faltantes, siguiéndose nuevamente el mismo procedimiento de designación, por lo que es a través de tal mecánica que, con independencia del número que integre dicha relación, se garantiza que puedan existir un mayor número de propuestas entre las cuales elegir, sin la limitación aducida por el enjuiciante.

De otra parte, se estima infundado el segundo de los motivos de inconformidad aducidos por el enjuiciante, en el que afirma que la elección de Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, como Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, es violatoria de los principios que deben regir en materia electoral, ya que esta persona presidía también la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información de dicho Estado al momento de su designación, circunstancia que le confería la categoría de servidor público de confianza con mando superior, constituyendo un impedimento para su designación, en términos de lo dispuesto en los artículos 53 fracción V y 60, fracción III, de la Ley Estatal que rige en la materia, así como que la renuncia presentada por aquél, al segundo de los cargos mencionados -la cual obra en copia fotostática a fojas ciento cincuenta y tres del expediente principal en que se actúa- requería la calificación de su causa por parte del Congreso local y el cumplimiento del procedimiento administrativo de entrega-recepción, previsto en la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí.

Con relación al presente agravio, por razón de método, se procede en primer término, a determinar el alcance que debe atribuirse a la renuncia de mérito, cuya presentación ante el Congreso Local no se encuentra controvertida, ya que de tenerse por acreditado que surtió sus efectos antes de la designación del aspirante cuestionado como Consejero Electoral, como lo aduce dicho órgano legislativo en su informe circunstanciado, resultaría innecesario pronunciarse sobre la calidad de servidor público que se atribuye a Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, en tanto que con independencia de que la posición ocupada en la comisión referida le otorgara o no dicha calidad, al momento de la designación cuestionada, ya se habría extinguido su relación con ese órgano autónomo en el cual se venía desempeñando, desvaneciendo la posibilidad de existir el impedimento alegado.

Atento a lo anterior, en primer término procede determinar si efectivamente la señalada renuncia de Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos a su cargo como Presidente de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información de dicho Estado, surtió sus efectos a partir de la fecha de su presentación, el día dieciséis de diciembre, es decir, antes de su designación como Presidente del Consejo Estatal Electoral, o bien, si ello depende de un acto posterior, como podría ser, según lo alegó el actor, que el Congreso aprobara la renuncia o se verificara la entrega-recepción de la gestión que venía desempeñando.

Cabe precisar que el término “renunciar”, según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, en su Vigésima Primera Edición, significa hacer dejación voluntaria, dimisión o apartamiento de una cosa que se tiene, o del derecho y acción que se puede tener; no querer admitir o aceptar una cosa; despreciar o abandonar.

Por su parte, el artículo 5°, párrafos tercero y cuarto, del de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se debe ajustar a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123 de la propia Ley Suprema; y que por cuanto hace a los servicios públicos, los mismos sólo pueden ser obligatorios, en los términos que se establezcan en las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta.

De lo anterior, se obtiene que renunciar implica el ejercicio de un derecho de carácter unilateral y volitivo, por el que una persona manifiesta su deseo de separarse de un empleo, cargo o comisión, mismo que encuentra amparo a la luz de la garantía prevista en el artículo 5º de la Constitución Federal, de conformidad con la cual nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin su consentimiento, además de que tratándose de servicios públicos, éstos sólo pueden ser obligatorios, en los términos que se establezcan en las leyes respectivas, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta, de ahí que basta con que una persona exprese su voluntad de separarse de un encargo, para que cese la relación laboral de que se trate, sin que pueda condicionársele su separación a la realización de un acto posterior, en tanto que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin su consentimiento, sin que ello implique que por ese solo hecho quede exento de algún tipo de responsabilidad, que dependerá de la forma en que se haya desempeñado en el ejercicio del cargo.

Consecuentemente, la renuncia presentada por Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos per se surtió sus efectos en el caso concreto, sin necesidad de que medie, entre la presentación del escrito que contenga dicha voluntad y la eficacia de la misma, algún otro acto que resulte necesario para extinguir la relación hasta entonces existente entre la persona que deja de ocupar un determinado cargo y el ente para el cual presta sus servicios, excepción hecha de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido con motivo del desempeño de esa función.

En efecto, las obligaciones derivadas de la designación de que fue objeto Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos como Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, dejaron de subsistir al momento en que éste presentó el escrito de renuncia a que se ha hecho referencia, toda vez que en el mismo, consta de manera indubitable la voluntad de dicha persona de separarse de manera definitiva de la encomienda que le fue asignada, a quien no se le puede obligar a seguir prestando un servicio en contra de su voluntad.

De ahí que no le asista la razón al impugnante, respecto a que la separación del cargo que el ciudadano Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos venía desempeñando como Presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información, surte efectos hasta en tanto no realice la entrega-recepción a que se encuentra obligado conforme a la normatividad aplicable.

Lo anterior es así, habida cuenta que, como se apuntó con anterioridad, la renuncia que el mencionado ciudadano realizó del cargo que venía desempeñando, surtió sus efectos desde la presentación de la misma, por constituir un acto volitivo unilateral de separación de un empleo o cargo, el que encuentra protección al amparo de la garantía constitucional prevista en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Según se desprende de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí, así como 56, fracciones XXIV y XXVII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de la propia entidad federativa, el acto de entrega-recepción, si bien su realización resulta obligatorio para los servidores públicos de determinado nivel de escalafón, que manejen recursos públicos del Estado, ya sea financieros, humanos o materiales, no constituye más que un informe que tiene como finalidad describir el estado que guarda la administración, dependencia o entidad de que se trate, y cuyo incumplimiento sólo dará lugar a una responsabilidad de carácter administrativo, así como a la imposición de la sanción correspondiente, pero en modo alguno podría generar una prolongación en el ejercicio o desempeño del puesto público en cuestión, como lo pretende hacer ver el accionante, pues de coincidir con dicha interpretación, se llegaría al absurdo de considerar que basta con que un servidor público determinara incumplir con las disposiciones jurídicas que prevén la entrega-recepción de los recursos estatales, para que no existiera la posibilidad de separarlo en el ejercicio del cargo, a pesar de la conclusión del periodo normativo previsto o de un indebido ejercicio del mismo, quedando a voluntad del servidor público separarse o no del puesto público, tan solo con dejar de presentar el acta de entrega-recepción.

De igual forma, resulta inatendible el argumento del accionante en el sentido de que en términos de lo dispuesto en el artículo 45, primer párrafo, de la Ley de Transparencia Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado, se establezca, en lo que interesa, que “…los comisionados no podrán ser retirados de sus encargos durante el período para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado.”, siendo que Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos, presentó una renuncia al mencionado órgano legislativo, la cual fue remitida a Comisiones, pero nunca se calificó la causa generadora de la misma, ni su gravedad.

Se arriba a tal conclusión, toda vez que el texto del dispositivo legal que invoca, establece expresamente, contrario sensu, que los comisionados podrán ser retirados de sus encargos por causa grave que deba ser calificada por el Congreso del Estado, lo cual no puede llevar a otra conclusión que la que gramaticalmente se desprende de tal supuesto normativo, como es que el órgano encargado de su designación, está facultado para “retirar” del cargo a los comisionados que integran el órgano autónomo en mención, cuando concurra algún eventual acontecimiento cuya gravedad sea ponderada previamente por dicho ente legislativo para justificar su determinación, lo que no resulta aplicable al caso de una separación por renuncia, pues la misma sólo obedece a la voluntad unilateral del que la presenta, sin intervención alguna de agentes externos al sujeto que la manifiesta.

En efecto, según lo define el mencionado Diccionario de la Lengua Española, retirar significa apartar o separar una persona o cosa de otra o de un sitio, obligar a uno a que se aparte, o rechazarle.

En esa tesitura, contrario a lo afirmado por el partido accionante, resulta inconcuso que de la correcta intelección de dicho precepto, se colige que la expresión “no podrán ser retirados de sus encargos”, se refiere única y exclusivamente a la facultad del Congreso del Estado, para apartar del cargo a los integrantes de la Comisión Estatal de Garantía para el Acceso a la Información Pública, en el entendido de que ello será factible, siempre y cuando la causa que dé lugar a tal retiro sea calificada de grave, lo cual encuentra explicación a fin de evitar destituciones injustificadas, al exigirse una decisión motivada, respecto de la cual, eventualmente podría inconformarse el afectado en ejercicio de su derecho de audiencia y de defensa, pues se trata de un acto ajeno a la voluntad del comisionado cuya función cesa, y no así, de la renuncia que constituye la voluntad libre, expresa y espontánea de su autor, en el sentido de que por circunstancias particulares manifiesta su intención de separarse de su encargo, caso en el cual, no es legalmente exigible la aceptación de la renuncia por no preverse expresamente en la ley, y mucho menos, que tuviera que calificarse la causa por la que se renuncia y que según el enjuiciante constituye un requisito para que surtiera efectos.

De ahí que de la normatividad atinente no se desprenda que quien ocupe el cargo de comisionado citado, sólo pueda separarse definitivamente de él hasta que se califique la causa de su renuncia, y está sea de la gravedad suficiente para aceptarla, pues ello significaría que mientras ello no ocurra, a pesar de existir manifestación expresa de su voluntad de renunciar, esté constreñido a seguir en el desempeño de la función encomendada, dado que una disposición de tal naturaleza, necesariamente tendría que estar prevista en la legislación local.

Finalmente, carece de sustento lo manifestado por el actor en el sentido de que debido a la falta de señalamiento expreso en la legislación electoral local, Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos debió separarse de su encargo con tres meses de anticipación, para estar en aptitud de ser aspirante a ocupar el cargo de consejero ciudadano del Consejo Estatal Electoral, acudiéndose para ello a la aplicación de ordenamientos supletorios, a los principios generales de derecho.

El artículo 53, fracción V, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, establece, en lo que interesa, que para ser miembro de los organismos electorales en la entidad, se requiere no ser servidor público de confianza con mando superior y no tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60, fracción III, de la propia ley, los consejeros ciudadanos del Consejo Estatal Electoral, deberán reunir entre otros requisitos: no desempeñar ni haber desempeñado ningún cargo de elección popular en los últimos cinco años anteriores a la elección, ni ser servidor público de confianza con mando superior en la federación, Estado o municipio, así como de sus organismos descentralizados.

Como se advierte de lo anterior, la legislación electoral de San Luis Potosí establece ciertas condiciones para los ciudadanos que aspiren a formar parte de los órganos electorales estatales, como lo es, no ser servidor público de confianza con mando superior en el Estado, lo que viene a constituir una limitante al derecho de los ciudadanos en general, para ejercer el cargo de consejero ciudadano.

Uno de los principios de la interpretación jurídica, consiste en que las disposiciones que imponen limitaciones al ejercicio de derechos, como es el caso, según se vio con anterioridad, deben ser interpretadas de manera restrictiva, es decir, el sentido y alcance que se dé a la disposición normativa, debe corresponder a lo que estrictamente es posible deducir de su texto, sin que admita incluir otros aspectos, precisamente porque en el caso se establecen limitaciones en el ejercicio de un derecho cuya reglamentación corresponde al legislador en los términos en que éste ha establecido.

En el caso, de las normas legales antes invocadas no se advierte que el legislador haya establecido alguna temporalidad específica previa, con la que los servidores públicos de confianza de mando superior, deban separarse de sus respectivos encargos, para estar en aptitud de aspirar a ser designados consejeros ciudadanos, ya que en la expresión que forma parte de la hipótesis normativa, “no ser servidor público de confianza con mando superior en la federación, Estado o municipio, así como de sus organismos descentralizados”, inicia con un vocablo que expresa negación, aplicado a un verbo cuya conjugación se encuentra referida a tiempo presente, lo que significa, que la prohibición normativa, sólo es exigible al momento de la designación, sin que pueda extenderse a una temporalidad previa; por tanto, si la propia ley no la establece, basta con que al momento de ocupar el multicitado cargo electoral, el interesado no se ubique en la prohibición expresamente establecida, sin que sea dable al operador del derecho, establecer una temporalidad de tal naturaleza, pues sería agregar una exigencia adicional no prevista en la ley, que de por sí ya es limitativa de derechos.

En este orden de ideas, resulta incuestionable que, en la especie, no podrían aplicarse de manera supletoria, las disposiciones legales que regulan los requisitos de elegibilidad para ocupar puestos de elección popular, y que establecen, en algunos casos, la prohibición a quienes desempeñan determinados puestos públicos, ser postulados como candidatos a cargo de elección popular, a menos de que se separen de los mismos con una temporalidad de tres meses, ante la existencia de la disposición expresa señalada con antelación, dado que sólo resulta dable suplir en caso de que alguna figura jurídica se encuentre regulada en forma parcial o incompleta, lo que no ocurre en la especie, según se ha razonado.

A mayor abundamiento, cabe señalar que tal prohibición y, en su caso, la temporalidad de la separación respecto un cargo de elección popular, atienden a una finalidad propia y específica, según lo ha reiterado en diversas ocasiones esta Sala Superior, a saber: evitar que los ciudadanos que sean postulados como candidatos, se encuentren en posibilidad de disponer de recursos materiales o humanos para favorecer sus labores proselitistas durante la campaña electoral, o de aprovechar su posición, de cualquier modo, para ejercer hasta la más mínima influencia, o para proyectar su imagen ante el electorado o ante cualquier autoridad. Lo que en la materia de discusión de esta controversia, no se presenta, pues los consejeros ciudadanos para integrar los órganos electorales, no se eligen mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía, sino a través de la designación de uno de los órganos del poder público, como es el Congreso Local.

Consecuentemente, pretender utilizar, en forma supletoria, disposiciones que corresponden a instituciones y finalidades distintas, violentaría las reglas de aplicación normativa.

Así, tomando en consideración que Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos al presentar su renuncia como Presidente de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información, el dieciséis de diciembre de dos mil cuatro, quedó separado de tal cargo, para la fecha en que fue designado como Presidente del Consejo Estatal Electoral ya no tenía el carácter de servidor público, por lo que resulta intrascendente para la solución de la presente controversia, examinar los motivos de agravio vinculados con tal aspecto.

Por virtud de lo anterior y ante lo infundado e inatendible de los agravios hechos valer por la representante del Partido Político Estatal Conciencia Popular, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que lo conducente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se confirma el Decreto relativo a la Elección de Consejeros Ciudadanos, propietarios y suplentes, del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, aprobado el diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, por la Quincuagésima Séptima Legislatura de dicha entidad federativa.

NOTIFÍQUESE por correo certificado la presente sentencia, al instituto político actor y al tercero interesado, en razón de haber señalado domicilios fuera de esta ciudad; por oficio, con copia certificada anexa de la presente sentencia al Congreso del Estado de San Luis Potosí; y por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del